martes, 12 de abril de 2016

Ley de Amnistía para los Políticos Presos

Lo qué significa la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía  para los políticos presos 


Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional con la que la oposición venezolana esperaba sacar de la cárcel a muchos de sus partidarios, incluyendo al líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, no paso la prueba en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La Sala Constitucional del TSJ venezolano declaró este lunes la inconstitucionalidad de la norma, tras una solicitud de revisión de la misma enviada el pasado 7 de abril por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Desde el principio, el mandatario se opuso que dicha ley favorecía la impunidad pues permitiría liberar y dejar impunes actos y a responsables de muertes que ocurrieron durante las protestas de 2014.
Para la mayoría opositora que controla la Asamblea Nacional venezolana desde enero, la aprobación de la norma era un acto de justicia para poder liberar a quienes considera "presos políticos" si embargo tanto el gobierno como las victimas los consideran "políticos presos".
"Esta es una sentencia vinculante y, por lo tanto, ninguna autoridad judicial o policial va a acatar el contenido de esa ley", Según el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffali.
                                   El presidente Maduro organizó una campaña contra la Ley de Amnistía.
El experto señala que a los procesados lo que les queda es continuar con sus juicios y apelaciones a la espera de una sentencia favorable y, en caso de que no la consigan a lo largo del proceso, recibir un indulto después de ser condenados.
Aunque ese posible indulto, sin embargo, solo podría ser acordado por el presidente de la República, por lo que en las actuales circunstancias no parece muy probable.

La justicia Vs. la política

Bernardo Pulido, miembro del equipo de abogados de Leopoldo López, considera que por la decisión del TSJ, la libertad de los políticos presos podría producirse como consecuencia de procesos judiciales o políticos.
"Una opción es la revisión de los juicios de las personas que no han sido condenadas". Podría pasar que los jueces de esos casos actuaran de acuerdo con el derecho y revisaran la base probatoria .
Según el abogado, otra posibilidad jurídica aunque poco probable sería que la propia Sala Constitucional aplique el proceso de revisión de sentencias, algo para lo que cree que habría base pues afirma que en la sentencia no fue tomada en cuenta la posición de la Asamblea Nacional.
Las opciones políticas pasarían por un cambio en el Tribunal Supremo o un cambio en el gobierno.
Pulido recuerda que la Asamblea Nacional está revisando el nombramiento a finales de diciembre de 13 magistrados, que quizá podrían ser sustituidos, y también podría cambiar la Ley del TSJ. Estos procesos podrían derivar en el nombramiento de nuevos o de más magistrados "para equilibrar la balanza dentro del tribunal". 
Sin embargo estas opciones son descartadas por el abogado constitucionalista Herman Escarra, quien asevera que luego de nombrados todos los magistrados del TSJ la Asamblea no puede realizar cambios en el máximo tribunal, ya que cualquier iniciativa de cambio debe provenir del mismo tribunal. 
En cuanto a las opciones políticas, el abogado Pulido señala la posibilidad de que logre hacerse el referendo revocatorio propuesto por la oposición y haya un nuevo presidente que quiera aprobar un indulto.
Aunque advierte que esta solución, tendría un defecto pues esa medida conlleva limitaciones de los derechos políticos de quienes lo reciben.
Conflicto de poderes
Desde la entrada en funciones en enero pasado de la nueva Asamblea Nacional con mayoría opositora, el Tribunal Supremo ha emitido al menos cuatro resoluciones que han afectado importantes decisiones del Parlamento.
Entre estas se incluye la reforma a la Ley del Banco Central, el rechazo a la Ley de Emergencia Económica presentada por el Gobierno, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, así como otra sentencia que redujo sensiblemente la capacidad del Legislativo venezolano de controlar al resto de poderes públicos.
Desde que la oposición asumió la Asamblea Nacional, hay un enfrentamiento político y jurídico.
Sin embargo, al mismo tiempo la mayoría de los venezolanos ha visto que su calidad de vida se ha deteriorado hasta un punto que no creían posible: los cortes de electricidad y agua, la escasez de alimentos, la inflación y la inseguridad no hacen sino exacerbarse.
El enfrentamiento institucional ha demostrado ser el mayor obstáculo para las soluciones a la crisis.
Y aunque tanto la oposición como el chavismo dicen estar dispuestos el diálogo, ese escenario parece ahora el menos probable.
BBC Mundo
NGD en aras de una mejor comprensión y para que Ud. mismo juzgue dejamos acá el vinculo donde podrá hacer Click para leer el informe y la Ley aprobada por la Asamblea Nacional.

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