Corte de Derechos Humanos oirá denuncia sobre supuesto exterminio de una familia venezolana
La postura que Venezuela mantiene respecto a la denuncia ha sido mantenida en reserva y ningún funcionario se ha referido públicamente al caso
AP
Eloisa Barrios espera la oportunidad de relatar a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el drama causado por la ejecución extrajudicial de siete miembros de su familia al parecer por parte de policías de la población del estado Aragua. San José.-
En rueda de prensa, la mujer relató hoy que de sus cinco hermanos varones solo queda vivo uno y que sus siete hermanas han visto morir a varios de sus hijos y sufrido en carne propia detenciones arbitrarias.
Eloisa Barrios teme por la vida de su único hijo varón, Víctor Daniel de 27 años, quien ya fue detenido al parecer con una falsa acusación.
Al menos seis de los siete asesinatos sucedieron cuando regían medidas de protección solicitadas a las autoridades venezolanas por la Comisión Interamericana y por la propia Corte. El último asesinado fue, recién en mayo, Juan José Barrios.
"Con todo lo que ha pasado estando las medidas de protección yo solo pienso en sacar a mi hijo del pueblo, llevarlo a otro, por esas medidas no han servido de nada... no es fácil irse pero estamos conversando sobre qué hacer'', contó la mujer. Su hijo ahora está en libertad condicional.
Luis Aguilera, de la Comisión de Derechos Humanos de Aragua, grupo que representa a las presuntas víctimas junto a la organizació privada Cejil, explicó que el primer caso se presentó en 1998 con el asesinato de Benito Barrios. "Todos eran muy jóvenes, el más joven fue Rigoberto Barrios, de 16 años y el de más edad Juan José Barrios, que tenía 27 años''.
Aguilera además comentó que la mayoría de ellos fueron testigos del asesinato de uno de sus familiares.
"En la zona donde ellos viven han sucedido otros casos similares pero la gente no denuncia. Lo que pasó es que esta familia si lo hizo y siguió haciéndolo y por eso ahora viven en un estado de indefensión, sufriendo un proceso de exterminio'', dijo el defensor de derechos humanos.
La familia Barrios no solo ha afrontado el asesinato de sus miembros dentro de sus propias viviendas, sino que sus bienes también han sufrido ataques, como incendios.
"En la investigación de las dos primeras ejecuciones quedó en evidencia la participación de funcionarios de las policías de Guanayen y de Barbacoa, en el Estado Aragua pero los sospechosos continúan trabajando en esas dependencias'', apuntó Cejil en un comunicado.
Ariela Peralta, de Cejil, manifestó que el caso de la familia Barrios "viene a demostrar que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en Venezuela no es algo que se solo en los centros penales'', en alusión a otros que ha analizado la Corte, por ejemplo el de la cárcel Rodeo, donde se vive desde días atrás un enfrentamiento entre militares y reclusos que se atrincheraron en su interior.
La postura que Venezuela mantiene respecto a la denuncia ha sido mantenida en reserva y ningún funcionario se ha referido públicamente al caso.
La CorteIDH, que tiene su sede en la capital costarricense, inició el lunes un periodo de sesiones ordinarias que se extenderá hasta el 9 de julio.
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